1. Detener los desahucios de los procedimientos judiciales que estén en curso.
2. Garantizar que ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional en la calle, mientras que millones de viviendas permanecen vacias a la espera de ser un negocio rentable.
3. Que miles de viviendas vacias acumuladas por las entidades bancarias como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias sean puestas en régimen de alquiler social no superando el 30% de la renta disponible y teniendo prioridad las familias desahuciadas.
4. Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras.
5. Estudiar jurídicamente las hipotecas con claúsulas abusivas que puedan ser denunciadas y anuladas por suponer un enriquecimiento injusto y abusivo. Son claúsulas abusivas las que obligan a que en los primeros años de amortización de la hipoteca se paguen principalmente intereses, así como las suelo-techo para los intereses variables y la posibilidad de reclamar toda la deuda por impago de unos pocos vencimientos.
6. Que la dación en pago, ya contemplada en la ley hipotecaria, sea una claúsula obligatoria de los contratos de préstamos hipotecarios, siendo el deudor hipotecario el que pueda decidir si le interesa la entrega de la vivienda en pago de la deuda y en consecuencia la cancelación plena de la misma.
7. Que el Estado promueva la adquisición de las viviendas que se subastan en las ejecuciones hipotecarias para la formación de un parque de viviendas públicas en alquiler, con rentas asequibles.
8. Moratoria total o parcial por dos años sin que bancos y cajas puedan ejecutar las hipotecas impagadas por insolvencia involuntaria, sobrevenida y de buena fé, en los casos de vivienda habitual y única. Durante la moratoria no se devengarán intereses añadidos.
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