Los ricos nos salen muy caros

De un tiempo a esta parte el establishment político, económico y mediático -lo que algunos llamamos Casta- está intentando imponer su particular visión Disney de la realidad. Además de la ilusión óptica de la recuperación económica que no acaba de llegar, nos están bombardeando con un relato que responsabiliza a las víctimas de la crisis de ser los culpables del gasto público que generan. Este relato actúa como una cortina de humo que pretende exculpar a los responsables de la crisis dirigiendo la frustración y la indignación de la sociedad hacia sus miembros más estigmatizados, diferentes, conflictivos y vulnerables no es nada nuevo, aunque sí peligroso y ya lo hemos visto en muchos momentos.Según este relato, la culpa de todo la tienen los parados que cobran prestación, los funcionarios, los enfermos crónicos, los inmigrantes, los pensionistas, y la gente empobrecida que recibe algún tipo de ayuda social porque todos ellos son una carga para el sistema. No podemos obviar que efectivamente existen abusos, irregularidades y cuestiones que deben ser replanteadas y corregidas. Pero mientras se sobredimensiona esta realidad se pasa por alto otra realidad menos conocida pero que nos sale incomparablemente mucho más cara a los contribuyentes: los diferentes mecanismos de trasferencia de fondos públicos a los bolsillos de los sectores más privilegiados de nuestra sociedad.

Este sector lo conforma entre el 1 y el 3% de la población, gerentes, directivos, inversores, dueños y accionistas de las empresas relacionadas del Ibex 35, el sector financiero y la mayoría de las grandes empresas trasnacionales que operan en nuestro país. Estos son los ricos a los que me refiero y los ejemplos de esta trasferencia de riqueza y renta son múltiples; desde el rescate bancario, al ya planificado para las autopistas de pago, pasando por el déficit de tarifa de las eléctricas, la bonificación de contratos para grandes empresas con beneficios escandalosos; la fiscalidad a medida de las SICAV etc. Estas son las “ayudas” para ricos.

Por supuesto, las ayudas a los ricos no se despachan en grandes colas e interminables gestiones en la oficina de empleo, ni en los servicios sociales, ni en delegaciones del INSS y centros de salud. Las ayudas a los ricos toman formas más refinadas acordes a la posición social de quien la demanda y exige. Las ayudas a los ricos toman la forma de subvenciones, fiscalidades a medida, impuestos regresivos, bonificación a la contratación, trasferencias fiscales, leyes y marcos jurídicos acorde a sus intereses, impunidad frente a la corrupción y los delitos fiscales; contratos públicos hechos a medida y otras formas más complejas.

Así, mientras la mayoría de las PYMEs se han encontrado desprotegidas y abandonadas a su suerte a lo largo de los últimos años. Las grandes –y algunas medianas- empresas cuentan con una protección especial. Esta circunstancia no depende de la riqueza que generan ni de su relevancia en la estructura productiva, ni de su innovación, ni de su competitividad, depende, únicamente, de la posición en la elite, de su capacidad de persuasión e influencia sobre el poder político, legislativo y judicial. En los últimos años, diferentes gobiernos del PPSOE han patrocinado la construcción de autopistas de peaje cuya explotación era cedida a empresas privadas. El resultado de estas concesiones no ha cumplido sus expectativas de negocio de las concesionarias -formadas por bancos y grandes constructoras-. Como resultado de estos errores y desajustes en la previsión el Estado se hará cargo de la deuda contraída y desembolsara entre 4.500 millones y 5.600 millones de euros para hacerla frente, además de sufragar el coste de su nacionalización en una empresa de capital público, con un coste cercano a los 7.000 millones en total. Las malas decisiones de unos gestores que pagamos del dinero de todos.



Todos tenemos algún familiar, amigo o conocido afectado por un ERE o un Concursos de acreedores. Este es un mecanismo de descapitalización de empresas y de liquidación de estructuras productivas. Los ERE acaban siendo una manera barata de despedir miles de trabajadores a cuenta del erario público. El funcionamiento de los concursos de acreedores da un respaldo legal a la evasión de responsabilidades por parte de los gestores –en muchos casos desleales- de muchas sociedades con el brutal impacto que ya conocemos sobre proveedores y clientes –particulares y PYMES habitualmente-. Un método fácil y rápido con el que los gerentes de las grandes empresas no asumen su responsabilidad en la gestión de las mismas y la mayoría de los gastos de los despidos recaen en los contribuyentes.

Quizás uno de los ejemplos más sangrantes de este sistema de trasferencia de fondos públicos a bolsillos privados es lo que se ha llamado “Rescate financiero”. Se ha intervenido un total de 11 entidades con un coste total contabilizado por la Comisión Europea en algo más de 100.000 millones de euros incluyendo todas las líneas de ayudas y mecanismos de saneamiento desarrolladas desde el 2011. Donde solo el préstamo directo del BCE se estima en 47.000 millones de euros. De los cuales se han recuperado hasta el 2014 apenas 2.200 millones. Préstamo que, además, llevaba consigo un plan de ajuste estructural que han sufrido toda la sociedad española (recortes en sanidad, dependencia, educación, I+D…). El resultado de esta operación es que los contribuyentes se hacen cargo de los gastos que ocasionan las negligencias, abusos, codicia e irresponsabilidad de los responsables de los sectores financieros, inmobiliario, de los organismos encargados de la supervisión y de gran parte de la clase dirigente de este país.

El funcionamiento del mercado eléctrico y el sistema por el que se establecen las tarifas finales para los consumidores supone una de las trasferencias de riqueza más bochornosa de los últimos años, lo que la mayor parte de la ciudadanía vive como la estafa en la factura de la luz. Según el reciente informe sobre el Coste Real de la Energía elaborado por Observatorio de Deuda en la Globalización, las familias españolas trasfirieron a través de la factura de la luz a las grandes eléctricas entre 60.000 y 80.000 millones de euros en pagos ilegítimos entre los años 1998 y 2013. Esta trasferencia ilegitima de riqueza de los hogares y empresas españolas a las 5 grandes eléctricas explica, en parte, porque somos unos de los países de la Unión Europea con el gasto medio eléctrico más alto con el consiguiente efecto de empobrecimiento de los hogares y pérdida de competitividad de las empresas. El responsable directo de este regalo a las eléctricas fue el Gobierno Aznar. En teoría, el objetivo de este Decreto Ley 54/1997 era reducir la tarifa a los consumidores y aminorar los costes de las empresas. A la vista de lo ocurrido con el precio de la luz en estos años (ha subido un 78% desde entonces) lo que si podemos afirmar que para lo que sí ha servido es para sentarle a el y decenas de ex-altos cargos del PSOE y del PP en puestos directivos en estas empresas.

Mientras la mayor parte de gente normal y corriente, sean autónomos o asalariados, tributan a tipos efectivos del 15% en el primer caso y del 16% en el segundo; y las PYMES –sociedades- a un 28%, las grandes empresas tributan a tipos efectivos del 6% y sus dueños aplazan el pago de sus impuestos a través de una fórmula de fiscalidad hecha a medida, las SICAV con un tipo nominal del 1%. Además la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP les permite blanquear dinero negro y de dudosa procedencia al módico precio de un 3,5%. No nos debe extrañar por tanto que de 40.000 millones de euros regularizados por esta vía el Estado apenas haya recaudado 1.221 millones. Curiosa manera la de luchar contra el fraude fiscal. El 71,8% del fraude fiscal se concentra precisamente en estas grandes empresas y fortunas. Nos cuesta todos los años cerca de 42.000 millones de euros.

Todos estamos de acuerdo en que hay que desarrollar actuaciones que incentiven la contratación de trabajadores como uno de los mecanismos para generar empleo. Pero una gran parte de la ciudadanía opina que empresas como las del Ibex 35 que han incrementado sus beneficios en un 16% tienen capacidad suficiente para contratar a sus trabajadores en condiciones adecuadas. La reducción de la cotización social de este tipo de contratos y de otras acciones de las políticas de empleo va a cargo del Fondo de Garantía de la Seguridad Social -hucha de las pensiones- que es el que asegura el pago de las pensiones presentes y futuras.

Adjudicaciones arbitrarias de contratos, sobrecostes en el desarrollo de obras y servicios, confección a medida de los pliegos de contratación pública, comisiones y mordidas pagadas para su asignación…son otros métodos, algunos de ellos ilegales, para trasferir de manera ilegitima fondos públicos a empresas y entidades privadas bien relacionadas con la casta politica.
Los gobiernos del PPSOE y nuevos partidos con vieja política económica como Ciudadanos, miman a estos sectores ya privilegiados negando recursos que necesitan los servicios públicos que utilizan millones de contribuyentes. No hay dinero según para qué. Se cuestiona y se tilda de populistas e irresponsables medidas como una Renta Mínima para la Ciudadanía que supondría un monto total de 15.000 millones al año y repercutiría en casi 8 millones de ciudadanos mientras todos los años se desvían fondos que benefician al 1% de la población por importes tan vergonzantes como los que hemos indicado. Juzguen por ustedes mismos.

Efectivamente tal y como han podido comprobar en este país, los ricos nos salen muy caros.

Artículo de Guillermo San Juan, responsable del área de Derechos Sociales del Consejo Podemos Segovia