Segovia 21: la huella castellana de la Gürtel

Foto: C.S.A.

Jesús Merino, nacido en Hontalbilla, Segovia, es en la actualidad Diputado por Segovia del PP. Durante años ha sido vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y, por ello, una de las personas más influyentes en la provincia y en la Comunidad. Ahora aparece relacionado con la empresa Segovia 21 en el caso Gürtel.
Segovia 21 S.A. se constituyó en 2002 entre la Diputación Provincial de Segovia (87%) y la Cámara de Comercio (13%) como sociedad anónima de capital público, pero días después la Cámara vendió parte de sus acciones a Caja Segovia, lo que permitió en 2005 el acceso como accionista de Segobrida del Eresma, S.A. (integrada por Caja Segovia, Caja Círculo de Burgos, grupo Arranz Acinas y grupo Antolín), que posee ahora el 42 % de la edificabilidad y el 16 % de las acciones de Segovia 21.
El propósito de la empresa fue crear una urbanización de lujo con el atractivo del campo de golf, Faisanera Golf, además de un parque empresarial. Esta urbanización viene siendo denunciada por diferentes colectivos como un gran pelotazo urbanístico fraguado desde la órbita del poder del PP con el beneplácito del PSOE y la colaboración del alcalde de IU de Palazuelos de Eresma (Segovia), donde se ubican los terrenos de Segovia 21. La operación fue diseñada con la colaboración de la Cámara de Comercio desde la Presidencia de Caja Segovia y de la Diputación Provincial, siendo titular de ambas Atilano Soto Rábanos, del PP, que fue nombrado, además, presidente de Segovia 21. Los terrenos eran Monte de Utilidad Pública cuando Soto empezó a dibujar la operación urbanística en 1999. La finca contaba con 116 hectáreas junto a la carretera de Segovia a La Granja, a los pies de la Sierra de Guadarrama. Tenía una valiosa vegetación y la única población de olmo blanco (ulmus laevis) de la vertiente Norte de esta sierra, recién descubierta por un estudio científico auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente. Este hábitat, donde anidaban rapaces protegidas, como el milano negro, daba cobijo a una variada fauna, como corzos, jabalíes, pequeños mamíferos y anfibios. Además, este Monte tenía historia. Era conocido como la finca de Quitapesares, pues perteneció a la reina María Cristina, mujer de Fernando VII, y se cuenta en documentos de la época que el nombre se debe a que la reina tenía allí sus encuentros amorosos con el Guardia de Corps con el que después se casó.
Anatomía de un pelotazo El primer paso consistió en descatalogar el monte, aunque acababa de ser reforestado con 11.000 robles, fresnos y encinas con fondos europeos. Sin embargo, la descatalogación fue rechazada por la Junta en 2001. A partir de 2002 se solicitaron descatalogaciones parciales, que fueron aprobadas y concluyeron con la exclusión total del monte en 2004. Todo esto a pesar de los informes desfavorables de los ingenieros de Segovia, que no se tuvieron en cuenta, porque el Jefe de Servicio de Valladolid vino a la finca para emitir un informe ad hoc.
El siguiente paso fue adquirir la finca. La Diputación puso los terrenos y Caja Segovia y la Cámara de Comercio pusieron el dinero como socios del proyecto. 104 hectáreas de la finca de Quitapesares fueron entregadas a Segovia 21 al precio de 16.845.700 euros, es decir, 16,22euros/ m2 de promedio, en tres operaciones sucesivas, conforme a las tasaciones realizadas por Valtecnic, S.A. y por Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (TINSA), con unas valoraciones muy bajas [ver recuadro].
Fue preciso modificar el plan urbanístico de la finca de Quitapesares para poder encajar los 238.000 m2 construibles y el campo de golf. Aquí entró Fomento Territorial, S.L, contratada en 2002 por Segovia 21 para la gestión integral del parque residencial, empresarial, de ocio y campo de golf, del mismo nombre. Fomento Territorial pagó 1.200.000 euros a las empresas Everland, S.L. y Serrano Global 50 Consulting, propiedad de Jesús Merino, según han recogido los medios de comunicación del sumario Gürtel, donde se dice que Fomento Territorial coordinó “un importante proyecto de construcción de un parque empresarial en Palazuelos del Eresma (Segovia)”, en referencia a Segovia 21.
La operación urbanística contó con la connivencia de Domingo Asenjo, actual alcalde de IU en Palazuelos de Eresma, que aprobó el Plan urbanístico de Segovia 21 y admitió que no hubiera ninguna Vivienda de Protección Oficial.
Las obras de urbanización fueron adjudicadas en concurso público por Segovia 21 en 14.092.900,16 euros a Begar Construcciones y Contratas, S.A., de José Luis Ulibarri (también imputado en el caso Gürtel), no por su precio, superior en dos millones a la mejor oferta de las 23 presentadas, sino por sus condiciones técnicas.
Toda esta operación urbanística fue denunciada por un particular en 2007 y tras la imputación de Atilano Soto por el Juzgado, la Audiencia Provincial de Segovia archivó las diligencias penales por considerar que no existía delito alguno. Diversas organizaciones han denunciando estos hechos desde hace tres años con manifestaciones de protesta en Segovia. En 2007 la Real Academia de la Historia apoyó las denuncias en un documento en el que destacaba el valor cultural de la finca, calificando las actuaciones como “artimañas territoriales”.
Autor* Claudio Sartorius Alvargonzález es urbanista, abogado y miembro de Ecologistas en Acción de Segovia.
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